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domingo 15 de octubre de 2017
Fiesta del Pilar, Día de España
El 12 de octubre celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, a la que va unida la fiesta de la Hispanidad, y la fiesta Nacional o Día de España, lo que en América llaman la “fiesta patria” de la Nación Española, de nuestra Patria que es España. La Virgen del Pilar nos evoca nuestras raíces más sólidas: nos evoca a Santiago Apóstol, el Evangelio traído a España, la fe que lo acoge. Nuestra historia común sostenida en ese Pilar que es María. Esta España, protegida por María, celebra, un año más, su fiesta y, diría también sus raíces en las que se asienta, que queramos o no, los hechos son los hechos, son cristianas. Es verdad que olvidamos estas raíces y somos infieles a ellas y desleales con ellas, y en virtud de ese olvido e infidelidad a lo que le ha dado identidad y está en su base, la sociedad española se descristianiza y laiciza, deja de apoyarse y asentarse en la verdad y dignidad de la persona humana que tiene su origen en la fe cristiana; en este sentido vemos que últimamente, incluso, se da o pretende darse a sí misma, si no se remedia, a través del Parlamento, leyes o proyectos de ley que la deshumanizan y la destruyen: Me refiero a los cuatro proyectos o proposiciones legislativas a las que me referí en anterior ocasión.

España atraviesa un momento muy delicado: además de dichos proyectos, todos tememos una declaración unilateral de independencia de Cataluña. Ambas cosas nos destruyen. Estoy convencidísimo que aunque se llegue a una declaración unilateral de tal independencia, no tendrá efecto, no se llevará a cabo porque la norma suprema por la que se rige España, su Constitución, nos salvaguarda. No estoy tan seguro de que no llegarán a aprobarse dichos proyectos legislativos. Pero también la Constitución nos salvaguarda en relación con dicho proyectos o proposiciones legislativas; y también porque la Virgen María ampara y protege a su tierra que es España con todos sus pueblos y Comunidades, con todas sus gentes, y espero y pido que no se aprueben.

No olvidemos: La Constitución surgió de un afán de concordia y reconciliación entre todos los españoles y de anhelo de libertad por parte de todos, pensando en España, como una España de todos, en la que todos cabemos, a la que habría que salvar entre todos. En su base estuvo el ánimo de llegar a un texto que fuese de todos, no de unos frente a otros o sobre otros. Así, hoy, aunque perfectible como toda obra humana, “la vemos como fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos” (Conferencia Episcopal Española, 1999). Como tal se ha mostrado a lo largo de casi cincuenta años y esperamos que esta Constitución siga siendo el gran apoyo para esa unidad, solidaridad y concordia que ella misma alienta y confirma, porque los principios, –derechos y libertades y cuadro de valores–, que la sustentan van más allá de un consenso que puede producirse en un momento u otro de la historia.

Entiendo que entre estos principios hay que destacar “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (Const. Esp. Art. 2), y el reconocimiento, como “fundamento del orden político y de la paz social”, de “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás” (Art. 10). Tanto un principio la unidad de España, como otro, –la dignidad de la persona humana y sus derechos inalienables–, son por sí mismos anteriores a la misma Constitución, son prepolíticos y prejurídicos, además, forman parte integrante del patrimonio moral que nos configura como personas y como pueblo. El consenso con que se elaboró no creó esos derechos, porque son fundamentales, ni constituyó un pacto en virtud del cual se fragua la unidad de la Nación que es España. Ambos aspectos pertenecen al orden moral previo sobre el que se asienta el orden político y democrático: un orden moral que se sustenta sobre la verdad. Quebrar esto significaría violar el orden moral, y a España misma.

Ante la Pilarica, Nuestra Señora del Pilar, tan venerada y querida en toda España, en defensa de la verdad, y con la mirada contemplativa puesta en María en este octubre de 2017 quiero afirmar con palabras de la Conferencia Episcopal en su documento sobre la situación moral de nuestro pueblo de hace unos años: “nuestra voluntad y la voluntad de todos los católicos de vivir en el seno de nuestra sociedad cumpliendo lealmente nuestras obligaciones cívicas, ofreciendo la riqueza espiritual de los dones que hemos recibido del Señor, como aportación importante al bienestar de las personas y al enriquecimiento del patrimonio espiritual, cultural y moral de la vida. Respetamos a quienes ven las cosas de otra manera. Sólo pedimos libertad y respeto para vivir de acuerdo con nuestras convicciones, para proponer libremente a nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se vea amenazado ni nuestra presencia sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás. Deseamos colaborar sinceramente en el enriquecimiento espiritual de nuestra sociedad, en la consolidación de la tolerancia y de la convivencia, en libertad y justicia, como fundamento imprescindible de la paz verdadera. Pedimos a Dios que nos bendiga y nos conceda la gracia de avanzar por los caminos de la historia y del progreso sin traicionar nuestra identidad ni perder los tesoros de humanidad que nos legaron las generaciones precedentes" (n. 81).

Tener en cuenta esto y recuperarlo en los momentos cruciales que vivimos, orientarnos ahora responsablemente es de gran necesidad en estos momentos. La mirada y la súplica a la Virgen del Pilar, nos será para toda una grandísima luz y esperanza y un grandísimo estímulo.
Para redondear más esta reflexión, quiero recordar que no fue la Comisión redactora del proyecto de texto Constitucional, sometido posteriormente a la aprobación popular y legislativa, sancionado por S.M. el Rey, ni el consenso de las mayorías que le dieron su “sí” con su voto los que crearon esas normas de conducta básicas mencionadas de nuestra Constitución, porque, en definitiva, no es el consenso ni las mayorías lo que determinan las normas éticas básicas en las que se fundamenta el orden democrático y político, asentado en el bien común y a su servicio, espacio abierto para la libertad y libertades de los ciudadanos. El bien común pasa por el respeto pleno del orden ético y del político derivado. El vínculo entre la verdad, el bien y la libertad es clave en el orden moral y ético, y, consiguientemente, también en la fundamentación “del orden político y de la paz social” que tenemos en nuestra Constitución. Seguramente los problemas con los que actualmente nos encontramos en la aplicación de la Constitución, bien sea los que se refieren a la dignidad inviolable de todo ser humano y a sus derechos en el orden, por ejemplo, de la vulneración del derecho a la vida, o los referidos a la verdad del matrimonio (Art. 32), o en los recortes a la libertad de enseñanza, o al no desarrollo de todo lo implicado y exigido en el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, bien sea los que se refieren a la puesta en riesgo de la unidad e integridad de España, son expresión del gravísimo problema que afecta hoy al comportamiento moral: la separación entre verdad y libertad. La crisis que padecemos en España en los problemas mencionados tiene mucho que ver con la crisis de la verdad y con la corrupción de la idea y experiencia de libertad.

El exaltar la libertad, individual o de grupo –léase en la aplicación en el derecho a la vida o a otros asuntos que tienen que ver con los derechos personales o sociales, o en el concepto de autodeterminación que algunos propugnan–, hasta considerarla como un absoluto, como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente o ciertamente insolidaria, inclinada a juzgar las cosas según los propios intereses y como voluntad de poder que se impone sobre los demás, es uno de los problemas principales con los que a varios lustros de la Constitución nos enfrentamos.
Con los límites que pueda tener nuestra Constitución incluso en el desarrollo del articulado donde se explicitan los principios o fundamentos de toda ella, y más todavía en ciertos desarrollos legislativos o en estados de opinión que se han creado, nuestra Constitución en sus mismas bases respeta y se asienta en ese vínculo de verdad-derechos-libertades. Por eso creo totalmente acertadas y hago enteramente mías aquellas palabras de la Conferencia Episcopal: “Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria”. Sólo así seguiremos respetando nuestra Constitución, todavía muy joven, que exige de todos la concordia, la unidad, la paz social. De otra suerte la conduciremos –si no se está haciendo ya por los caminos de la desintegración de la sociedad diría que milenaria– que es “Hispania”, España, y para eso la mirada y la súplica a la Pilarica, nos serán para todos una grandísima ayuda, abierta a la esperanza.

+ Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia
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